Tres decretos autonómicos recurridos y otro en el limbo son el resultado de la falta de concreción de un decreto poco claro, lamentan juristas y residencias
La atención farmacéutica a residencias sigue levantando ampollas. Desde que se publicó el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril, diversas comunidades lo han desarrollado en forma de decretos. Aragón y País Vasco lo han hecho en agosto y marzo, respectivamente, y en ambos casos está recurrido. El problema está, según juristas consultados, en “incoherencias” surgidas con el RD que, a su vez, tiene indefiniciones, lo que se presta a diversas interpretaciones.
“La mayoría de decretos regionales refieren la capacidad de los centros sociosanitarios a número de camas y no a camas en régimen de asistidos, como hace la norma estatal, lo que incrementa indebidamente el número de centros que estarán obligados a disponer de un Servicio de Farmacia propio o a vincularse con un Servicio de Farmacia Hospitalaria en detrimento de la farmacia comunitaria”, explica Luis López Fraile, de Gaona Abogados, uno de los despachos que impugnó el decreto andaluz de 2015, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y a la espera de conocer la sentencia del Tribunal Supremo tras el recurso de casación de la Junta de Andalucía sobre Atención Farmacéutica.
Según López Fraile, “no parece prudente que las autonomías aprueben una regulación propia sobre un ámbito material cuya atribución competencial está siendo enjuiciada actualmente por el Supremo”.
Concepto de asistido
En el decreto aragonés (92/2019), recurrido por la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), ésta señala, entre otros argumentos, que la norma “se limita a establecer el dato numérico sin diferenciar válidos y asistidos”.
Es más, Manuel Ayudarte, abogado de la Confederación de Empresarios de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa), que presentó en su nombre el recurso contra el decreto andaluz, considera fundamental definir el régimen de asistidos, para evitar malentendidos: “Asistido no es sinónimo de enfermo. Hace referencia a la residencia que tiene un servicio médico y de enfermería de 24 horas. Esto es muy importante, porque no todas las residencias de más de 100 camas entran dentro del ámbito de la norma”, comenta. En ese sentido, matiza que “todos los RD son normas de urgencia, por lo que la redacción puede dejar bastante que desear”.
López Fraile añade que el hecho de “que el RD de 2012 no haya definido el concepto de asistidos ha generado una laguna normativa de la que se están aprovechando las autonomías para reducir la presencia de la oficina de farmacia en la atención a este tipo de centros”.
A su vez, Arade cuestiona la obligación de vincular depósitos de medicamentos a un servicio hospitalario de referencia o a una farmacia de la zona, puesto que “contraviene la legislación básica (RD 1/2015) al coartar la libertad del usuario”.
Sin embargo, Ayudarte opina que “eso es un criterio de ordenación farmacéutica que no discuto, porque entiendo que incluso es lo conveniente. No tiene sentido que yo tenga una oficina de farmacia en Avilés y esté sirviendo a una residencia en Mérida”, comenta. “Por ello, Ceofa no ha planteado ilegalidad en cuanto al concurso de farmacias que contemplaba el decreto andaluz” (y también el aragonés), “porque esa regulación está contenida en la planificación farmacéutica (competencia autonómica), y es distinto a la prestación farmacéutica, competencia del Estado”.
Lo que Ayudarte sí considera recurrible en el decreto de Aragón es que atribuye la custodia del depósito al hospital. “Y eso no es así. La custodia es del farmacéutico, tanto en oficina de farmacia como en hospital. Es decir, tiene que haber alguien de guardia 24 horas, y eso no siempre es viable”.
Por su parte, Ramón Jordán, presidente del COF de Zaragoza y del Consejo aragonés de COF, comenta a CF que “el Colegio está analizando en profundidad el decreto y estamos pendientes de una reunión con el Departamento de Sanidad para hablar de este tema”.
En cuanto al País Vasco, el despacho Gaona Abogados ha sido el que ha presentado también el recurso contra el decreto de esta comunidad ( 29/2019, de 26 de febrero), publicado el 5 de marzo, interpuesto por la Asociación para la Defensa de la Sanidad de Euskadi (Asdesane), la Asociación de Farmacias de Euskadi (Afare) y el farmacéutico Gonzalo Garmendia. Por su parte, el Consejo vasco de COF, que había presentado otro recurso, lo tiene en suspensión temporal, a la espera de retomar el diálogo con la Administración, pero ha pedido también personarse en éste.
Las residencias, en contra
La obligatoriedad de tener un depósito de medicamentos, que implica contratar personal y que contempla el RD de 2012, es una de las quejas de las patronales de residencias. Así, Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), que agrupa a los grandes operadores del sector, opina que “nos están haciendo incurrir en costes y asumir unos servicios de los que nos debería proveer la Administración”, y añade que incluso algunos hospitales les han dicho que no podrán dar ese servicio. De hecho, Cubero comenta que ellos recurrieron el proyecto de Ley de Farmacia de Madrid, pendiente de publicar, junto con la Asociación de Farmacéuticos de Madrid (Adefarma), que pedía no condicionar la atención farmacéutica al número de camas.
Es más, Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (Ceaps), ve también “absurdo” que el criterio sea el de las camas: “¿Por qué 95 no y 100 sí? 50 camas también son un número grande. Nos falta un criterio objetivo. Se pierde de vista que una persona mayor se desplaza a una residencia como si fuera un domicilio comunitario, pero con los mismos derechos que si estuviera en su casa”.
Nuevo modelo vasco de atención farmacéutica
En el mismo sentido, Javier Fernández Baranda, presidente de Asdesane, señala que “el decreto de 2012 surgió en un momento de crisis económica” y se pregunta “¿qué necesidad tiene la Administración de invertir cuando la red de farmacias actual lo hace gratis?”. Y alega que el decreto vasco esconde un “cambio de modelo”, con restricción del arsenal terapéutico.
Baranda insiste en que el proyecto económico del nuevo modelo vasco contempla un farmacéutico y dos auxiliares de farmacia “para manipular robots preparar la medicación a 12.000 residentes con hasta tres servicios a la semana. Esa es su propuesta para esa factoría de medicación. Conozco farmacias que tienen esa dotación ara atender a 400 residentes. Es imposible. Aparte, contratarían a 15 farmacéuticos para revisar las pautas de los pacientes. Actualmente hay 200 farmacias. Pasaríamos de 200 a 15″, señala.
